jueves, 27 de enero de 2011

Audiencia del 27 de enero

CAUSA MORGANTE POR PRIVACION DE LA LIBERTAD

Con una Causa por “privación ilegítima de la libertad” se inició en la fecha el tratamiento en sí de la primera de 19 causas que se ventilarán en estos Juicios. Gerónimo Morgante compareció ante el tribunal para relatar las arbitrariedades de las que fue objeto: sin proceso judicial ni consejo de guerra permaneció más de dos años preso. En el marco de esta Causa también declaró el abogado Héctor Chávez  quien denunció la colaboración de los Magistrados con el terrorismo de Estado.
Diputado provincial en los ‘60, funcionario del gobierno de Martínez Baca e impulsor del Peronismo Auténtico, Gerónimo Morgante cayó en desgracia pocos días después del golpe, el 30 de marzo,  cuando fue detenido, trasladado al D2, de allí a la Penitenciaria y finalmente a la U 9 de La Plata.  En su periplo estuvo dos meses preso sin ninguna formalidad hasta que en junio de 1976, mediante decreto, lo pusieron a Disposición del Poder Ejecutivo Nacional –PEN- ; en estos casos los detenidos solían solicitar la opción para salir del país, sin embargo Morgante no lo hizo. Un año después conoció el decreto de cese a Disposición del PEN pero no recuperó la libertad, siguió preso sin siquiera pasar por la farsa de los Consejos de Guerra ni tuvo contacto con ninguna instancia judicial: fiscal, juez o defensor. El 2 de julio de 1978 recuperó su libertad como una gracia emanada de Gral. Saa.
Con un lenguaje llano y espontáneo Morgante hizo una ferviente defensa del peronismo relató, al pasar, su experiencia de militancia dentro de la tendencia. Tomó distancia de la formación de izquierda diciendo “en mi re vinagre vida leí el marxismo”, sobre el que solían preguntarle. Sin embargo, cuando el fiscal Vega desestimo  la caracterización de “montonero” obrante en algunos documentos policiales. El ex funcionario  aclaró “No éramos carmelitas descalzas”,  y reconoció las conexiones de la “gente del Auténtico” con aquella organización.
El único imputado en esta causa es Tamer Yapur quien se encuentra con  parte de enfermo, por lo que el espacio destinado a los acusados permaneció vacio.

Chávez preso gracias a la colaboración de los jueces
En el marco de la causa Gerónimo Morgante, declaró Rosendo Héctor Chávez, un abogado de alvearense que en 1976 figuraba como el apoderado del Partido Peronista Auténtico, esto le costó, al igual que a Morgante una insufrible estadía por distintos establecimientos carcelarios.
El testigo expresó que formó parte de un grupo de detenidos que por su condición de dirigentes políticos padecieron castigos extraordinarios.
Fue sometido a Consejo de Guerra, pero este se declaró incompetente; la pena a seis años de prisión por “atentado contra la democracia” le fue asignada 3 años después de que lo detuvieran y en pleno gobierno de facto. Dicha sentencia lleva la firma de Otilio Roque Romano que en ese momento oficiaba de secretario del Juzgado del cual era titular el juez Gabriel Guzzo. Las irregularidades de los jueces fueron remarcadas reiteradas veces en las declaraciones del testigo, “nadie puede creer con el nivel de impunidad con el que se manejaban” expresó. En tanto señaló que lo paradójico es que el propio Guzzo fuera juez durante un gobierno democrático.
Al igual que Morgante el abogado Chávez manifestó cada una de las aberraciones en las que incurrió el cuerpo de magistrados que colaboró con la dictadura. “Lo grave y lo que quiero señalar es que las barbaridades que cometieron los militares, al igual que el proceso de desmemoria, no hubiese sido posible sin la colaboración de civiles y en especial de los jueces”.

miércoles, 26 de enero de 2011

Audiencia del 26 de enero

JAVIER URONDO EN LA EVOCACIÓN DEL PADRE



  En sólo dos horas, Javier, hijo de Paco Urondo pudo matizar el entorno del poeta, su intervención en proyectos culturales y periodísticos así como su consagración a la militancia en una época que se debatía entre los golpes militares y la posibilidad de  transformación social. A continuación se leyó el testimonio del Jefe del D2,  Pedro Sánchez Camargo, tomado en 1987, donde se hace referencia al operativo que terminó con la vida de Urondo y la desaparición de Alicia Cora Raboy
  Javier Urondo se enteró de la muerte de su padre a través del diario. Desde que el escritor arribó a Mendoza, en abril del 76 no había tenido noticias sobre él, sobre su hija Ángela y sobre su compañera Alicia Cora Raboy. El brutal episodio en el que fue abatido y en el que secuestraron a Alicia lo conocería con detalle tiempo después de boca de René Ahualli “La Turca” quien también viajaba en aquel Renault 6 que fue interceptado por la policía en la esquina de Remedios de Escala y Tucumán de Dorrego. No obstante, la que  se ocuparía de esta trágica historia fue la hermana del poeta, Beatriz Urondo, quien consiguió le entregaran los restos de Paco (en condición de NN)  para ser inhumados en la bóveda familiar y recuperó de la Casa Cuna a Ángela, la hijita de la pareja.
  Los testimonios del hijo del poeta militante  sirvieron para pintar la vida de Urondo antes de que en la agrupación Montoneros, a la que pertenecía, se decidiera su traslado. Recordó el itinerario de su padre como protagonista en las letras. Detalló que fue secretario de Cultura de Santa Fe durante el Gobierno de Dr. Frondizi y Director del departamento de  Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA durante el camporismo. Francisco Urondo escribió poesía, obras de teatro, guiones de TV y una novela. Publicó en nuestro país y en el exterior.  Formó parte del staf de la revista Leoplan; escribió para suplemento cultural del Diario La Opinión en su época de oro; fue figura clave en la redacción del Diario Noticias y en fecha próxima al golpe estaba en el armado de la Revista Información; él jovencito participó tanto en este último proyecto como en el diario Noticias junto a su padre
  Javier Urondo, que en el momento del asesinato de su padre tenía 19 años, relató que su hermana Claudia lo acercó  al peronismo,  hasta ese momento el escritor había mostrado su compromiso con el pueblo a través de su obra poética y de su trabajo como periodista. A través de ella, se vinculó a la FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), organización que se fusionaría con Montoneros. Además agregó que, a pesar de su corta edad él también participaba.” Mi militancia fue siempre como familiar, era una casa de militancia”; el joven se alejó del activismo en 1976 y vio a su padre por última vez en Buenos Aires antes de su traslado a Mendoza.
  A modo de conclusión Javier Urondo remarcó que dentro de su dolor de haber perdido gran parte de su familia durante la dictadura (además de Paco desaparecieron el en ’76 su hermana Claudia y su cuñado Mario Concurart), pudo hacer el duelo de su padre ya que tuvo la suerte que no tuvieron muchos  porque a la familia  le entregaron el cadáver.  Por último expresó, “quiero reivindicar la vida y la entrega de mi padre a sus convicciones. Espero que este juicio sirva como ejemplo de justica para toda la gente que la necesita”
Testimonio del fallecido Pedro Sánchez Camargo
Por secretaría se dio lectura al testimonio tomado en 1987 a Pedro Sánchez Camargo, jefe del D2 entre 1975 y diciembre de 1977; precisamente en el periodo en que se cometieron los mayores crímenes dentro de ese Centro Clandestino de Detención.  Tal como sucede habitualmente, el uniformado aseguró que el trato hacia los detenidos era “normal” con “asistencia espiritual” a cargo del capellán Moreno y “atención médica” de galenos del Departamento de Sanidad Policial. 
A pesar del empeño de Sánchez Camargo por desconocer lo sucedido en ese CCD;   de la lectura del testimonio se puede inferir como estaban organizadas las fuerzas represivas y como se ejecutaban los operativos.  Aseguró en la declaración que las órdenes generales se impartían desde la 8va Brigada, perteneciente al Ejercito, pero agregó una perlita, dijo que dos oficiales de policía obraban con relativa autonomía y actuación central en los procedimientos por ser enlaces con el Ejercito, ello eran Osvaldo Fernández y Eduardo Smaha  Borzuk, el mismo que en el momento de la lectura dormitaba al costado del Tribunal.

jueves, 20 de enero de 2011

Audiencia del 20 de enero

ALLEGRINI Y LUCERO: SIN EXPLICACIONES

Nélida Lucía Allegrini y Pedro Tránsito Lucero, Jefe de Noticias del diario Los Andes a la hora del golpe, fueron detenidos en 1976; ambos vivieron como inexplicables sus respectivos cautiverios.  Ella estuvo sometida a Consejo de Guerra; en tanto que Lucero salió en libertad en la Nochebuena del ‘76  no sin antes escuchar de boca  Tamer Yapur que nunca más ejercería el periodismo. Así fue.
Un grupo de extraños llegó al domicilio de Lucía Allegrini el 10 de mayo en busca de su esposo Víctor Manuel Sabatini e inmediatamente se lo llevaron; ella quedo encerrada un día en su propio domicilio junto con sus dos hijitos, vigilados por la patota, hasta que decidieron detenerla a ella también. La testigo afirmó que robaron  bienes de valor y se llevaron hasta un secador de pelo y la pileta de lona de los niños. Su primer destino fue el D2 donde permaneció un mes; allí recibió los castigos y tormentos característicos de ese CCD, luego pasó a la Comisaría 33 de Las Heras y de allí a Devoto.
También  confirmó  que en el mismo operativo, en su propia casa,  fue detenido el Desaparecido Jorge Daniel Moyano. En esos días se realizaron procedimientos contra personas próximas al Partido Revolucionario de los Trabajadores.  Allegrini aclaró que no tenía pertenencia política, sin embargo quedó sometida a Consejo de Guerra junto con ellas; cumplida la farsa del juicio militar se le aplicó una condena de tres años y seis meses por Incitación a la violencia y encubrimiento en calidad de partícipe secundaria  Para mayor dolor, mientras se hallaba en el penal de Devoto falleció, en un accidente, su hijito de 8 años. 
Le fueron exhibidas las fotos del D2, lo que le permitió reconocer a cuatro represores que prestaban servicios en ese CCD
Lucía volvió a Mendoza al despuntar 1980  pero nunca regresó a su casa porque en ese lugar, según sus palabras le “reventaron la vida”.

APLAUSOS PARA LA JUSTICIA
El Cnel. Lucero, interventor de Mendoza a la hora del golpe,  fue demorado el mismo 24 de marzo; esa misma madrugada su hijo Pedro fue detenido junto a su esposa cuando se desempeñaba como Jefe de Noticias del diario Los Andes y trabajaba, también, para  La Nación de Buenos Aires. Padre e hijo fueron a parar al Liceo Militar; un mes después, el periodista arribó a la Penitenciaria Provincial junto con su colega Antonio Di Benedetto.
En un  estilo pintoresco, Pedro Tránsito Lucero contó el talante y reacciones del Vicecomodoro Santuccione, entonces Jefe de Policía, y dijo del comportamiento arbitrario de la cúpula del Ejército para con los ciudadanos caídos en desgracia. Hizo críticas puntuales al Gral. Maradona quien obraba con enemistad hacia su familia. Además aclaró  cómo se tejían las relaciones entre el diario y los servicios de inteligencia.  El Oficial de Aeronáutica Pagela  se dedicaba a recoger la información,  Gómez Saha y a dos capitanes  del Ejército rondaban en busca de datos. Entre otras cosas, solicitaban fotos de las manifestaciones, con distinta suerte. 
Ofreció su versión de la detención de Bonardell, también periodista de Los Andes y recordó las situaciones compartidas con sus colegas Moran y Di Bendetto.  Tal como se  lo anunciara Tamer Yapur el día que salió en libertad, no consiguió regresar a su puesto porque Los Andes lo  dejó cesante con el argumento de haber incurrido en “actividades incompatible con la función del periodista”. A raíz de un juicio laboral consiguió ser indemnizado.
Antes de proceder al reconocimiento fotográfico, Lucero de 84 años, entre  lágrimas ofreció un sentido aplauso al Tribunal en tanto, según él,  simboliza la restitución de la Justicia.

martes, 18 de enero de 2011

Audiencia del 18 de enero

RICARDO PUGA ESPERÓ TREINTAICINCO AÑOS Y CUATRO DÍAS



El Diputado Ricardo Puga fue detenido durante el gobierno constitucional de Isabel Martínez. Afirmó que las prácticas desde antes de la Dictadura eran propias del Terrorismo de Estado; además reveló su paso por la Colonia Papagayos, otro CCD identificado por primera vez en estos juicios. Remarcó que después de treintaicinco años y cuatro días, con su comparecencia ante el Tribunal, ha tenido la posibilidad de revelar “la forma infame a la que fue sometido el pueblo argentino”.
El 13 de enero de 1976, Puga fue detenido en Guaymallén, trasladado a la Colonia Papagayos -perteneciente a la Dirección General de Escuelas-, de allí al D2 y finalmente a la cárcel provincial. En su condición de ex preso político sufrió los consabidos vejámenes.  En Papagayo recibió picana, golpes y simulacro de fusilamiento, allí  consiguió dejar su marca  como prueba de su paso por ese CCD. Tiempo después, en 1985, Puga efectuó un reconocimiento del lugar y tomó fotografías; encontró en los cascarones de pared del edificio derruido su apellido grabado por él mismo con las esposas que lo apresaban dos décadas antes. Reconoció en la zona un ciruelo, con el cual satisfaría su ahogo luego de una sesión de picana. También dialogó con un viejo cuidador del lugar que le confirmó que años atrás el espacio era utilizado por militares y policías para secuestrar personas. Las fotografías las remitió al MEDH, para conservarlas como prueba, actitud visionaria porque el edificio fue totalmente demolido; hoy el Tribunal solo cuenta con las tomas que acreditan los vestigios de ese Centro Clandestino de Detención.
A lo largo de su testimonio se manifestó aún escandalizado por los absurdos institucionales que le tocó vivir:  los jueces recibían órdenes de los militares. “Ningún funcionario mediaba por las detenciones ilegales” dijo.
Por su reciente labor al frente de la Comisión de Derechos y Garantías, el diputado ha tenido acceso a legajos de funcionarios actuantes durante la dictadura.  Entre ellos Carlos Rico, ex - Subsecretario de Seguridad del gobierno de Jaque, quien solicitó en su momento “un ascenso en virtud de sus esfuerzo y trabajo en la lucha antisubversiva”. Recordó la existencia de cursos teóricos y prácticos (antes y durante el golpe) en el marco de la teoría de la Seguridad Nacional para preparar personal idóneo para reprimir y matar. “Había un poder que no era el poder real de la Constitución, se estaba preparando una suerte de corresponsabilidad social” agregó.
Finalmente, identificó a los carceleros más perversos y dijo haber compartido cautiverio por dos veces, con el desaparecido Roberto Blanco.
Ricardo Puga fue liberado en diciembre de 1976; a la hora de su detención pertenecía al Partido Auténtico, un desprendimiento del Justicialismo que, ante la derechización del Gobierno de Isabel, mantenía la línea diseñada en la etapa camporista;  en él también  se enrolaban el ex gobernador de Mendoza, Martínez Baca y varios mandatarios provinciales destituidos por el lopezrreguismo.

jueves, 13 de enero de 2011

Audiencia del 13 de enero

Faingold  fue precisa y Susana Muñoz dio datos organizativos de la represión



Luz Faingold rememoró los atropellos vividos en el D2 cuando era aún una adolescente y sumó elementos contra  Romano y Miret. Por la tarde, Susana Muñoz de la Casa por la Memoria ofreció un panorama completo de la estructura represiva en Mendoza y sus conexiones con  San Juan y San Luis. El Tribunal confirmó la identificación de los restos de Juan Antonio Molina, exhumado del cuadro 33 del cementerio de Mendoza por el EAAF.
Cuando corría agosto de 1975, Luz Faingold fue secuestrada y trasladada al D2 junto con otros compañeros.   Se había iniciado como militante en el secundario con sólo 16 años y pertenecía a una organización de izquierda que no adhería a la lucha armada. Durante su permanencia en esa dependencia policial, a pesar de su corta edad, sufrió el mismo calvario de otras presas con los consabidos abusos sexuales.
Los Faingold fue una familia reconocida en Mendoza con un status medio-alto y buenos vínculos con el poder lo que no impidió que al pasar el caso de Luz a la justica cayera en las manos hostiles de Roque Romano y Luis Miret; el entonces fiscal libró un dictamen aconsejando no restituirla a la familia y  Miret  la envió a un  Hogar de Menores donde permaneció por algunas semanas.  Antes del golpe fue nuevamente detenida, su domicilio allanado y saqueado pero recuperó su libertad. En el tercer intento, ya durante la Dictadura, Luz no se encontraba en su hogar, fue alertada y partió al exilio salvador.
Un mapa de la represión 



María Susana Muñoz es Presidenta de la Casa por la Memoria y la Cultura Popular, la que fue incorporada a la Red de sitios de la Memoria por contener varios archivos especializados. Susana fue citada por el Tribunal para que informe lo investigado sobre la represión en Mendoza, en virtud de la publicación para el libro “Hacerse Cargo” que compila testimonios orales sobre las desapariciones locales.  Muñoz fundamentó  la estrecha relación de la estructura operativa de  San Juan, San Luis y Mendoza; contabilizó 306 asesinatos y desapariciones de personas en la región u originarios de esas provincias.
También describió algunos hallazgos de sus investigaciones y la secuencia con que se registraron las razias, por organización, y en diferentes etapas según los designios de la Comunidad Informativa que integraba  las fuerzas. Dejó en claro que en la provincia las órdenes las dio el Ejército y la brutalidad la aportó la policía que, según sus expresiones, se constituyó en mano de obra barata  porque el único pago adicional por sus tareas fue lo rapiñado en los domicilios de los secuestrados.
Puso en evidencia conocer algunos registros importantes como el Libro de Reunión,  donde se consignaban con seudónimos,  los movimientos del personal represivo: cómo y dónde infiltrarse, o los Libros de Guardia de la Morgue, desde 1975 hasta el 83 en los que quedaron registrados los ingresos de presuntos desaparecidos.
Al cierre se conoció que el Equipo Argentino de Antropología Forense –EAAFconfirmó que los restos recuperados en un enterramiento colectivo en el cuadro 33 del cementerio de Mendoza pertenecen a Juan Antonio Molina.  Precisamente su caso está incluido dentro de las 19 causas que analiza este Juicio.

lunes, 10 de enero de 2011

Audiencia del 10 de enero

Reinicio de las audiencias con la declaración de Rodrigo Sepúlveda y Eugenio París. Nuevos pedidos de compulsa

En esta primera jornada de 2011 brindó sus testimonios, en calidad de testigo general, Rodrigo Sepúlveda, reconocido periodista del medio destacado por su compromiso y su tarea de investigación sobre el funcionamiento del terrorismo de estado en la provincia. La convocatoria fue a pedido de la fiscalía y en virtud del documental “D2: Centro Clandestino de Detención” que realizó junto a Fernanda Santo y que fue presentado en 2001.
Luego de dos semanas de receso el Tribunal Oral Federal Nº1 de Mendoza puso en marcha el juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en la capital de la provincia. El juicio arrancó con un imputado menos porque durante el periodo de interrupción murió sin condena el ex general de Brigada Juan Pablo Saá.
Sepúlveda, aclaró que el audiovisual tiene como soporte una investigación que tuvo como resultado la configuración de un esquema que dilucida cómo estaba compuesto y cómo operaba el aparato represivo que se instaló en la provincia entre el 1975 y 1983. También explicó que todo el trabajo está basado en un entrecruzamiento de documentos oficiales, testimonios de las víctimas y familiares, y confesiones de personas que actuaron dentro de las fuerzas represivas.
La declaración estuvo basada en explicar las conclusiones a las que arribó en la investigación  entre ellas la más relevante: el funcionamiento íntegro de una estructura que no sólo estaba compuesta sólo por policías y militares sino que registraba entre sus filas a médicos, jueces, curas, etc. Haciendo referencia al centro de operaciones D2 afirmó “no hay manera de que en una institución de esas característica alguien quede exceptuado. Es evidente que esto no fue obra de unas pocas personas” sentenció.
En este sentido remarcó la colaboración de los médicos, los cuales según han manifestado todas las personas que pasaron por el D2, participaban en las sesiones de torturas. De acuerdo con la investigación, explicó Sepúlveda, en ese departamento trabajaban al menos 13 profesionales de la salud que hasta el momento no han sido señalados por la justicia, entre ellos Ibrahim Prieto, Miguel Apolinares y Jorge Bajuk Radej que se desempeña actualmente en la obra social de la Universidad Nacional de Cuyo.
Sepúlveda manifestó tener conocimiento de numerosos casos entre ellos los detalles del secuestro y fusilamiento de Víctor Romano Rivamar, militante montonero desaparecido. Sobre este punto afirmó que fue un ex agente de la Policía la Federal, Cirella Paredes, quién le aseguró que entre los autores del crimen se encontraba Eduardo Smaha Borsuk y a Alberto Rodríguez Vásquez ambos imputados en estos juicios.
Los aportes del licenciado en Comunicación Social Rodrigo Sepúlveda, cobraron ayer relevancia para la justicia, sus investigaciones se encaminan brindar datos y testimonios que todos estos años fueron desoídos y ocultados de forma grosera por la Justicia local. Como cierre el periodista agradeció la oportunidad de haber participado como testigo y se esperanzó de que la puesta en marcha de los juicio por delitos de lesa humanidad aliente y de las garantías para sacar el velo de esa maquinaria asesina que como remarcó reiteradas veces en su declaración trascendió ampliamente las fuerzas de seguridad.

 
Eugenio París pasó casi 8 años en prisión por formar parte de una agrupación política. Al igual que mucho de los detenidos hizo un peregrinaje insufrible por varias cárceles del país, sin embargo en ninguna de ellas fue agraviado como en el D2.
Con lenguaje llano y sin perder tiempo en eufemismo, Eugenio París contó su experiencia durante los años en los que la represión pasó a ser la herramienta fundamental del plan siniestro que comandaron las fuerzas armadas.
El 13 de mayo de 1976 Eugenio París fue secuestrado de su lugar de trabajo por una patota de policías entre los que se encontraba, según precisó, Celustiano Lucero uno de los imputados que presencia el debate en la sala del Tribunal. A fuerza de golpes fue introducido a un Peugeot 504 rojo y conducido al Palacio Policial en donde se encontraba el D2. París en ese momento además de trabajar era estudiante de medicina y formaba parte de la Juventud Guevarista.
Apenas ingresó a el centro clandestino de detención, siempre maniatado y con los ojos vendados, fue sometido a una cruenta sesión de tortura con picana eléctrica aplicada en el pene y en el ano. “ahora te quemamos el culo, ni para puto vas a servir” recordó que le gritaban los torturadores. Sin embargo lo que más le dolió, según explicó en la declaración, fue darse cuenta que entre esos hombre se encontraba un médico, el cual tenía la tarea de aprobar la continuidad de los golpes de electricidad: “cuando me puso el estetoscopio parecía que me habían puesto la picana porque siempre creí que la medicina era para ayudar a los demás”.
En el D2 estuvo hasta julio de 1976, allí pasó los peores momentos de su vida, humillaciones, torturas, golpizas constantes, la traumática situación de ver desde su celda cómo violaban reiteradas veces a una compañera que estaba secuestrada en aquel lugar. Allí también Eugenio presenció un episodio que lo marcaría para toda su vida no poder ayudar a un detenido, al que se lo acusaba de ser un policía traidor, y que estaba al borde de la muerte. “Ese es el fantasma que me persigue todos los días” dijo Eugenio París, en reiteradas ocasiones.
Estando detenido en el D2 fue sometido a un Consejo de Guerra (falso acto jurídico que las fuerzas armadas preparaban para darle “marco legal” a las atrocidades que cometían) que lo condenó a 9  años y tres meses de prisión por “tentativa de incitación a la violencia colectiva”. La pena le significó el traslado a la penitenciaría provincial, allí, según contó Eugenio, fue menos rudo pero nunca dejó de recibir el trato infrahumano que recibían por entonces los presos políticos. Los días en las distintas dependencias eran una mezcla de ratos de absoluto silencio y vendavales de extrema violencia.
En septiembre de 1979 fue trasladado junto a otros detenidos en un avión Hércules a la Unidad Penal 9 de La Plata, luego lo reportarían al penal de máxima seguridad de Rawson y allí permaneció hasta diciembre de 1983. El día que recuperó libertad Eugenio París dijo que vivió uno de los momentos más emotivos de su vida “cuando recobre la libertad lo más emocionante fue encontrarme con el hermano del Che Guevara a quien había conocido en el penal de Rawson y recibir el abrazo enorme de una Madre de Plaza de Mayo”.
Ya en libertad Eugenio tuvo la oportunidad cruzarse a varios de sus torturadores haciendo vida corriente, entre ellos distinguió a Héctor Julio La Paz como operario en la Planta verificadora de vehículos de la policía de Mendoza. Para cumplimentar sus declaraciones las autoridades del tribunal requirieron que el testigo hiciera un reconocimiento de los álbumes de personas que estuvieron detenidas en el D2 y del personal que operaba en ese centro clandestino de detención. El reencuentro con los rostros de los compañeros desaparecidos y los recuerdos de aquel lugar que describió como un “infierno” `hicieron imposible la tarea.

Pedidos de compulsa que incluyen a los integrantes de los Consejos de Guerra
En virtud de los testimonios de la jornada la querella solicitó la compulsa a Lapaz González, quien se encuentra preso desde el 27 de diciembre por orden del juez Bento, a raíz del testimonio de Rosa Gómez, confirmado por la declaración de Eugenio París.
Asimismo, se solicitó compulsa penal respecto de los integrantes de Consejos de Guerra, identificados por acciones concretas como Pedro Héctor Monjo, fiscal del Consejo de Guerra y torturador por Pablo Seydell, Amilcar Virgilio Dib, secretario del mismo órgano, y señalado por los testimonios de Pablo Seydell y Eugenio Paris, el teniente primero Enrique Rubén Centeno que figura como integrante del CONSUFA en la causa de Paris, y a Hugo Alfredo Soliveres que condenó a Paris y luego investigó los hechos en donde el estaba implicado como miembro del CONSUFA y que además tuvo participación en el traslado de Luisa Sánchez Sarmiento a San Juan.
En función de las declaraciones de Luna, Seydell y Paris la querella pidió las imputaciones de Lucheti, Naman García, López , Torres, Marasco, Quenan, Bianchi, Barrios, Linares, Gagliana, Bonafede, Pirantonelli y Ojeda, también a Vega, Garro, Lorenzo y Córdoba de la Comisaría 7ma de Godoy Cruz.
Por otro lado se solicitó la compulsa administrativa contra el empleado judicial Fonseca por los reiterados malos tratos a los testigos durante la etapa de instrucción de la causa.