domingo, 23 de diciembre de 2012

075-M: Desapariciones de Oscar Ramos y Daniel Iturgay

Un mal día
21-12-2012 | Testigos convocados por la representación de la defensa del acusado Fernando Morellato, ex compañeros, policías de la Provincia, actuantes en el Cuerpo de Motorizada durante 1976 cuando en un operativo fueron secuestrados Oscar Ramos y Daniel Iturgay, se prestaron al encubrimiento. Cada uno de los aportes de Bruno Medina fueron rebatidos y se le señaló falso testimonio. Manuel Martínez prefirió el olvido. Cerró la etapa testimonial, las audiencias se retoman el 7 de febrero con los alegatos.

Parecía que Bruno Lisandro Medina Cortínez había recuperado buena parte de la memoria secuestrada, archivada, que a través del pacto de silencio sostienen cientos de ex agentes policiales y militares, testigos, cómplices o partícipes de la represión ilegal. Lo locuaz le duró el tiempo que duraron las preguntas de Ariel Civit, abogado defensor del imputado Fernando Morellato Donna, quienes convocaron a Medina. Diez minutos le duró el ejercicio de memoria. Un relato armadito, con notable detalle de los hechos que en un operativo del Cuerpo de Motorizada de la Policía de Mendoza derivó a las 4.45 del 6 de noviembre de 1976 en los secuestros y desapariciones forzadas de Ramos e Iturgay. “Yo fui el que los aprehendió y corrí a uno también”, dijo Medina. Morellato “simplemente era un superior mío cuando estaba en Motorizada, jefe de los Talleres mecánicos del Cuerpo”, agregó.

El reflejo de la foto del rostro de Daniel Iturgay, que una compañera llevaba en la audiencia, en el blíndex que separa al Tribunal del público ilustraba la situación. Diez minutos hasta que Civit concluyó las preguntas a su testigo y comenzaron las del fiscal Dante Vega, los abogados querellantes Fernando Peñaloza y Pablo Salinas –representantes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, respectivamente- y los jueces Juan González Macías y Antonio Burad. Todos indagaron a Medina respecto a precisiones del operativo, del accionar y logística del Cuerpo de Motorizada, del rol que él tenía en esa estructura y su relación con el acusado. El relato de Medina, la estrategia de Civit se desplomaron. A la omisión de datos evidentes que el ex policía negó conocer acerca del accionar ilegal  de la Policía y su “cadena de mandos y responsabilidades” hay que añadir contradicciones flagrantes que evidenciaron que mentía respecto a su propia responsabilidad en esa época y deformaba las circunstancias del procedimiento contra Ramos e Iturgay a fin de tergiversar los hechos, que indudablemente indican que se trató de un “operativo clandestino” y de desviar la atención de sus autores. Lo patente se hacía insostenible, en mitad del relato el doctor Peñaloza lo desestimó y solicitó compulsa penal contra Medina por falso testimonio. Se adhirieron Vega y Salinas. El Tribunal y los abogados ajustaron las observaciones, el defensor se replegó, el testigo desorientado, en medio de la verdad.

La Motorizada como institución, hacía prevención, no interveníamos respecto a la lucha contra la subversión. Si hubo órdenes no nos llegaron a nosotros sino a los jefes. ¿Persecución política? No estábamos en conocimiento de nada, nos llegaban las órdenes para trasladar a los detenidos siempre a Motorizada. “Nosotros cumplíamos las órdenes, asegurar la entrega de los procedimientos a la guardia, las derivaciones posteriores las decidía el jefe de la dependencia. Llegábamos, entregábamos los aprehendidos, no detenidos, entregábamos el armamento y nos íbamos. Los aprehendidos quedaban en la guardia y los jefes decidían su permanencia. Para estar en la dependencia había que tener calabozos, Motorizada no tenía”.

“Para los operativos obedecíamos al Comando Radioeléctrico y al jefe del Servicio Nocturno de Motorizada, donde remitíamos los detenidos y el oficial de servicio consignaba el parte en el libro de novedades. El Comisario superior eran Alfaro o Grecco. Teníamos las zonas operativas de la Primera a Sexta secciones y la 33, por los barrios del Oeste. Yo era responsable del móvil O28 -Oscar 28-”.

El mismo libro de novedades fue el que presentó la defensa al testigo, a fin de dar cuenta de la supuesta inconexión de los hechos con Morellato. Apoyado en el libro, Medina explicó los hechos del 5 de noviembre de 1976, hacia las 4.30 horas donde hay una constancia del desplazamiento del móvil O28, por orden del Comando, hacia calles Pellegrini y España de Ciudad, tras dos personas en intento de robo de un citröen estacionado. Dijo Medina:

“Uno estaba en la parte trasera y otro en la delantera del vehículo. El de atrás forcejeaba el baúl o la chapa. Al ser aprehendidos los colocamos boca abajo, uno de ellos se levanta, sale corriendo, lo alcanzo en los baldíos detrás del monoblock, llega otro móvil de apoyo -habló hasta de un tercer móvil, los vio, sin embargo no recuerda quiénes ni cuántos eran-, ordenan trasladarlos a Motorizada. El móvil de apoyo se quedó tomando la denuncia al vecino dueño del auto -Oscar Heinze, al que Medina no vio-. El operativo fue de 15 a 20 minutos, Ramos e Iturgay fueron requisados, sin armas, trasladados para la identificación correspondiente en la dependencia. Está la constancia, “entregamos a los aprehendidos, le dieron entrada en los libros y nos retiramos a continuar patrullando. Ignoro qué pasó con ellos”. Sí en cambio reconoce por qué se acuerda de ese procedimiento de Motorizada: “En cuatro, cinco años hice ese solo procedimiento. Era tranquilo, de noche no había gente en la calle, eran las doce de la noche y no había nada”.

“Diríjase al Tribunal”, propuso el fiscal: “No recuerda cuándo ingresó a la Motorizada ni cuándo se retiró, no recuerda el nombre de sus superiores para la época de los secuestros, ni quiénes lo acompañaron al operativo ni cuántos eran los policías que llegaron de apoyo. No recuerda la fecha del golpe de Estado, ni al Jefe de la Policía, ni que se encontraban bajo órdenes del Ejército. Ni que Sánchez Camargo fuera el jefe del D2. Ni qué hacía el D2, ni su vinculación con el resto de las secciones policiales, ´ni qué era Investigaciones´. Sin embargo recuerda al detalle el hecho porque en cuatro o cinco años fueron las únicas dos personas a las que aprehendió”. El testigo aseveró al doctor Vega, que el libro de novedades de una dependencia policial tiene valor de documento. Preguntó a continuación el fiscal:
-: ¿Por qué figura un solo móvil en el libro si son dos los del operativo, y hasta tres según usted dice?
-: ... ... ...
-: El libro consigna que a las personas se les requisaron dinero y un arma. Usted dice que no tenían nada. ¿Cómo se explica?
-: ... ... ...
-: Según usted se tomaban medidas respecto a esas personas, se las identificaba, se las fichaba. Y no había calabozos. A los detenidos, ¿dónde los ponían? ¿dónde? ¿quién estaba a cargo de los detenidos?
-: La guardia. Había siempre tres o cuatro personas, una a cargo. Sobre ellos -Ramos e Iturgay- no sé, en la guardia.
-: Esto contrasta con el testimonio de Heinze, que dijo que había una sola persona en el edificio cuando fue compelido a realizar la denuncia esa madrugada. El libro también indica que a las 10.15, Sánchez Camargo, jefe del D2, retira a los detenidos. ¿Cómo sabían de esas detenciones en el D2, y que esas personas hayan sido encontradas con otras identidades, cómo lo explicaban?
“En el D2 podrían haberse enterado por radio”, esgrimió Medina, al igual que en su momento Morellato.
El fiscal Vega indaga al ex policía Medina


El doctor Peñaloza se centró en el procedimiento. Medina no recordó el número del otro móvil, quiénes se quedaron con el damnificado, quiénes iban con él -sólo mencionó a “Martínez”-. “Habrán salido a patrullar”, los excusó Medina respecto del testimonio de Heinze, que asegura que en Motorizada había una sola persona, sumado a que aseguró no haber visto nunca al primero ni al segundo o tercer móvil. “¿Quiénes en ese caso, Medina, custodiaban a los detenidos? ¿Una sola persona?”, apuntó Peñaloza.
El doctor Peñaloza deshace los argumentos de la defensa

La particular “memoria selectiva” del testigo reveló el juez González Macías. Y le señaló el conocimiento que las instancias de la justicia tienen de esa complicidad en todas las causas, respecto a ex policías ligados a la represión. El juez Burad a su vez hizo notar que Medina reiteró una y otra vez que las detenciones las hizo en Pellegrini y Patricias Mendocinas, a cien metros de lo que indica el libro de novedades -Pellegrini y España-; a cien metros de donde estaba estacionado el vehículo; y a cien metros de donde vivía el dueño, Heinze, que tuvo que salir de su casa por la presencia policial -sin móviles a la vista- en su puerta. Respecto al acusado Morellato, Burad señaló a Medina: “No sabe qué hizo esa noche y sin embargo usted es testigo”.
Contradicciones palpables y pedido de compulsa penal por falso testimonio

“Una mera posibilidad de que se acuerde”, ironizó Civit respecto a datos que particularmente no eran beneficiosos para su defendido y para el mismo testigo si son requeridos. Vega avanzó: “Diríjase al Tribunal, usted habla de dos únicos aprehendidos por única vez en cinco años en la Motorizada. Y era el responsable del móvil O28. La misma noche del procedimiento contra dos personas hoy desaparecidas usted hizo un operativo con seis detenciones. Tres horas antes, figura en el libro. Otra más, una hora después, 5.15, tres móviles -O20, O21 y O28-, por un llamado, un minioperativo para aprehender a unos sujetos que fugaron de un negocio. 21 de Noviembre del 76, arresto de dos personas “por prostitución” y trasladadas a la Seccional Primera. Última, usted -a diferencia de Morellato- aseguró nunca haber realizado salidas en auto  particular en comisión, ni qué significa eso. A las 10.10 de ese día salió usted en auto particular en comisión. A pesar de que según usted se retiró a las ocho de la mañana. Figura en el libro”.

El otro bastión que probó explotar la defensa respecto al testimonio de Medina fue la recurrencia a la figura del jefe del D2, Pedro Sánchez Camargo- “enemigo” de Morellato y responsable de los traslados de Ramos e Iturgay al D2. El testigo conocía a Sánchez Camargo como comisario de la 33 en 1965 y 1966. Era su chofer. Explicó su prepotencia para “con los subalternos”, narró un hecho confuso, personal, que habría derivado en una sanción disciplinaria por abandono de servicio de parte de su jefe, que después no quedó en nada, ya que Medina obtuvo el traslado a otra dependencia. Fue otra estrategia victimizante de la defensa que no funcionó. Una vez desestimado, el testigo agregó “el incidente prácticamente no existió”. El audio a continuación ejemplifica la verdadera categoría de “enemigos” contra quienes actuaban las fuerzas policiales.
El enemigo en la trampa

El papelón no concluyó con el falso testimonio de Medina. Ni sus nuevos problemas. Manuel Martínez Alvarado, ex compañero suyo y de Morellato, en la Motorizada entre 1974 y 1989, también fue convocado por la defensa a prestar testimonio. Alguna señal habrá tenido en el camino, “mejor es no hablar”. Casi nada recordó, nada. Solamente que Bruno Lisandro Medina lo había contactado tres días antes para saber si se acordaba de los hechos. Cinco minutos duró todo su testimonio.

sábado, 22 de diciembre de 2012

076-M: Privaciones de la libertad de Martín Lecea, Roberto Vélez y Oscar Guidone. 055-M: Privación de la libertad de Ángel Bustelo

Por radiografías
20 -12-2012 | Martín Lecea, Roberto Vélez y Oscar Guidone tenían militancias en común, pasaron por los mismos tormentos, las mismas cárceles. Guidone, Vélez, Gaitán -otro compañero perseguido- reconocieron a una decena de agentes de la represión, entre policías y militares. La causa Bustelo en relación. Un médico, testigo ejemplar del miedo.



Desaparecidos del lugar
Martín Ignacio Lecea es hijo de Martín Lecea -fallecido en 2003-, militante del Partido Comunista de Mendoza -PC- detenido el 8 de agosto de 1976. Lo llevaron a la Comisaría Séptima de Godoy Cruz y luego lo trasladaron a la Compañía de Comunicaciones de la VIII Brigada. Formó parte de los detenidos que fueron llevados a la Unidad 9 de La Plata, donde estuvo preso hasta el año siguiente. Fue liberado “entre los últimos días de marzo y los primeros de abril de 1977”, recordó.

En aquel momento tenía 14 años. “Mi papá fue un hombre común, un hombre trabajador, que toda la vida vivió de su trabajo, y que siempre tuvo una militancia política y sindical comprometida a favor de los intereses de los trabajadores, en defensa de los intereses de su clase”, recordó. Martín Lecea fue uno de los fundadores del Sindicato de Empleados y Obreros Provinciales -SEOP- y colaboró en el gremio de Artes Gráficas. En aquel momento, Lecea trabajaba en la imprenta oficial del gobierno de Mendoza.

“Por el año 1976 él realizaba actividades políticas, fue detenido junto a Roberto Vélez en la vía pública”. Fue trasladado a la Comisaría Séptima. En la madrugada de ese día, personal policial -uniformado de azul y armados- hizo que Martín los acompañara al allanamiento que realizaron en su casa y allí la familia tomó conocimiento de que estaba detenido. En la vivienda estaban la hermana menor de Martín Ignacio, de cuatro años, y la mayor, de 16, junto a la segunda esposa de Lecea, que estaba embarazada y dio a luz pocos días después.

Se llevaron pertenencias del departamento en el monoblock Laprida en Villa Hipódromo. También se llevaron un Jeep de Lecea que fue usado unos días por la Comisaría 7ma, hasta que se lo reintegraron a la familia.

Lecea fue trasladado a la Compañía de Comunicaciones VIII y allí recibió una visita de la familia, al mismo tiempo que otros detenidos. Martín Ignacio comentó que su padre le enseñó el pulgar derecho, muerto por la picana. También le mostró severas lesiones en el abdomen y le comentó que la alimentación era “deficiente” y que las condiciones sanitarias y de ellos mismos eran “deplorables”. Lecea le pidió a su hijo que informara de esa situación al Dr. Benito Marianetti, dirigente del PC de Mendoza.

Luego los detenidos “desaparecieron del lugar”, relató el testigo. En ese momento, recordó, la defensa de los compañeros detenidos la ejercían el abogado Jacinto De la Vega, también Marta Agüero -de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre-, entre otros, y “gracias a ellos” pudimos saber que los trasladaron a La Plata.

Una vez que lo contactaron a Lecea, él les contó que en el vuelo los llevaron amarrados y les propinaron golpizas. También que uno de los detenidos que iba en el mismo Hércules hacia La Plata se desvaneció y pareció caer muerto.

Martín Ignacio recordó que, además de Vélez, su padre estuvo detenido junto a Ángel Bustelo y Luis Toledo. También vio como parte de quienes fueron de “visita” a los hijos del ex gobernador Alberto Martínez Baca.




La parte médica
Dino Pradella es médico, como tal ejerció entre 1959 y 2001 en el Hospital Militar, cuyos “directorios siempre fueron militares”. A mediados de 1976 extrajo quirúrgicamente el bazo a Oscar Guidone, internado de urgencia en el Hospital Militar tras una sesión de torturas en el VIII Comando de Comunicaciones de montaña donde estaba detenido bajo control del Ejército, así como centenares de presos políticos de la Provincia. Pradella conocía a Oscar a través de su padre, delegado del sindicato de la OSEP en Luján de Cuyo.

“Yo estaba de guardia pasiva, me llamaron, el paciente llegó en estado de shock, se le efectuó una peritonía y se le extrajo el bazo. Fui su cirujano. Evolucionó favorablemente, estuvo una semana en tratamiento post-operatorio, en una sala solo, de aislamiento por la gravedad del caso, con acceso únicamente médico. Sin historia clínica mucho no puedo hacer”, adujo Pradella para reducir su conocimiento de los hechos a eventualidades del oficio. Ni siquiera recordó si fue él quien le dio el alta. Tampoco si había personal de custodia, a pesar de reconocer que en esos años “eran muchos los militares detenidos internados”.

“Me dijo que se había caído de un techo”, es todo lo que dijo Pradella al Tribunal acerca del contacto que tuvo con Guidone durante su internación. Fue el médico quien confirmó al padre y a la hermana que Oscar era paciente suyo en el Hospital Militar. Y quien dice desconocer que Oscar estaba detenido: “No nos metíamos en esas cosas, simplemente actuábamos la parte médica. Asistíamos al paciente y nada más”. A continuación deslizó, “la familia desconocía dónde estaba, aparentemente el chico no estaba en contacto con los padres”.

“En medicina investigamos las causas fehacientes del hecho, no vamos más allá” explicó doctoral Pradella. Recalcó: “esto es el acto médico”. Oportunamente Viviana Beigel, abogada representante por la querella del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos -MEDH-, le había preguntado en relación a causas conexas si había existido en el nosocomio atención de partos, algún tipo de maternidad. “No había maternidad” respondió reflejo Pradella. Recordó “una emergencia, una empleada del hospital, embarazada, autorizada a dar a luz en el Hospital”. Militar, sin maternidad.

Todo un reconocimiento
Ha sido fundamental para el desarrollo del juicio, en las reconstrucciones testimoniales, la atención con la que sobrevivientes de los centros clandestinos de detención de Mendoza consiguen dar con los rostros y las acciones de quienes violentaron sus vidas. Fueron tres ex detenidos los que en la jornada hicieron un nuevo, valioso y masivo reconocimiento fotográfico:

Mario Gaitán identificó a cuatro represores del D2: Timoteo Rosales, "El Puntano"; Mario Esteban Torres Pérez, "El Porteño'; Antonio Marcos Ochoa Albornoz, prestaba servicios extraordinarios de seguridad en el Banco de Previsión Social; y Julio Héctor Lapaz Calderón, "activo" torturador, le decían "El Padrino" porque ingresaba a menudo en las celdas de "las compañeras detenidas" con el objetivo de abusar de ellas. También prestaba servicios extraordinarios de seguridad en el Banco de Previsión Social.



Roberto Vélez identificó a Dardo Migno, Jefe de Lugar de Reunión de Detenidos -LRD- el centro clandestino dentro de Comunicaciones, “el campo de concentración donde estuvimos en el 76”; a Oscar Alberto Bianchi, integrante de “las tres B”, denominación de “la cúpula de la Penitenciaría Provincial en 1976”; a Eduardo Smaha, “uno de mis torturadores”; y a Rodolfo Cardello, integrante de la denominada “patota federal”  sobre quien la víctima hizo nuevas denuncias.



Oscar Guidone identificó a dos personas: Pedro Dante Sánchez Camargo, vivía en Luján, cerca de la casa y del bar de su padre. Los hijos iban a menudo al bar y los hostigaban. Dardo Migno, que lo casó en la Compañía de Comunicaciones de la 8va. Brigada. A su vez Guidone desmintió algunas de las versiones que Dino Pradella había manifestado con anterioridad, aclaró cuánto el médico omitía sobre su conocimiento de los hechos y finalmente deslizó una denuncia grave: relaciona la voz de Pradella con la de quien en los interrogatorios le preguntaba por su ideología. Según Guidone, Pradella miente respecto a que él le hubiera dicho que se cayó de un techo y a que su familia no lo visitó en el hospital. Imposible además que haya inadvertido que se trataba de presos políticos internados víctimas de la tortura: en la sala aledaña adonde estaba Guidone se encontraba el ex gobernador Martínez Baca, con gran custodia de efectivos.




El Doctor Bustelo
Se dio lectura a la causa O55-M que comenzó con una denuncia del Dr. Ángel Bartolo Bustelo Graffigna (fallecido en 1998) quien en el expediente testimonió que entre el 12 y el 14 de agosto de 1976 allanaron su estudio y su casa, revisaron libros y papeles y no dejaron constancia de las cosas que se llevaron ni labraron actas. Le clausuraron el estudio jurídico.

El 3 de setiembre de 1976 personal del Ejército entró en su casa, secuestraron centenares de libros, maniataron a sus hijos y esposa y se lo llevaron al Comando de la VIII Brigada de Montaña. Lo interrogaron acerca de compañeros de militancia del Partido Comunista -PC- del cual era dirigente. Luego lo trasladaron a otro lugar y temió ser fusilado. Era el Cuartel de la Compañía de Comunicaciones de Montaña N° 8. Dardo Migno fue uno de sus interrogadores, condenado en esta causa por el juicio anterior. También está involucrado en esta causa Ramón Ángel Puebla, quien se abstuvo de declarar.

Luego fue trasladado a la Penitenciaría Provincial, le dijeron que quedaba en libertad pero a último momento le comunicaron que estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y no lo liberaron. Ese decreto aún no existía.

El 27 de  setiembre de 1976 fue subido violentamente por efectivos policiales y del Ejército, junto a otros detenidos, a un avión Hércules que los trasladó a la Unidad 9 de La Plata. En todo el trayecto sufrió numerosas torturas y maltratos físicos. En octubre de ese año, se interpuso un Habeas Corpus por Bustelo. La respuesta al mismo la hizo el Ministerio del Interior y aclaró que no caía sobre el abogado ninguna medida restrictiva por lo cual debía ser liberado. Esa orden la dio dos veces el juez federal de La Plata, pero las dos veces fue desoída por la autoridad militar de esa jurisdicción. Recién en ese momento se dictó el decreto mediante el cual se ponía a Bustelo a disposición del PEN.

En julio de 1977 Ángel Bustelo padecía un mal estado de salud y se lo trajo nuevamente a la Penitenciaría de Mendoza, aún incomunicado. Días después se decidió liberarlo, lo cual se hizo efectivo desde el Comando de Brigada. Antes de liberarlo, Mario Lépori y Furió lo intimaron a firmar una declaración en la cual se afirmaba que recibió buen trato y que no tenía reclamos al respecto.

Por esta causa se decidió no presentar nuevos testimonios sino basarse en los prestados en el juicio anterior que se refirieron al mismo caso, así como respecto a la incorporación de pruebas.

Por último, se hizo por Secretaría la lectura de la incorporación de pruebas instrumentales, en relación a todas las causas en curso y en vísperas de la reanudación de las audiencias el próximo 7 de febrero, para la etapa de alegatos y sentencia. En pos de la justicia que falta y continúa.

domingo, 9 de diciembre de 2012

076-M: Privaciones de la libertad de Martín Lecea, Roberto Vélez y Oscar Guidone

Campo con cura
07-12-2012 | En el VIII Comando de Comunicaciones de montaña funcionó un campo de concentración por el que pasaron cientos de detenidos. Ramón Puebla y Dardo Migno fueron los respectivos jefes. Las torturas eran aplicadas por personal del Ejército y los mantos de silencio por Rafael Rey, capellán militar. Los ex detenidos Rafael Morán, Mario Gaitán y Oscar Guidone narraron el terror y sus esquemas.

Clases de tortura
“El ingreso irrestricto a la Universidad, en Medicina particularmente, era una pelea constante, una forma de militancia que movilizó a los jóvenes. Si había una toma, de 600 iban 500. ´Medicina socializada en una patria liberada´ era uno de los lemas. El Frente de Estudiantes de Medicina -FEM- era derivación de Vanguardia Comunista, había contacto con la realidad social, un trabajo de los estudiantes en los barrios periféricos. Yo tenía cuarto año cursado, era ayudante de cátedra de Parasitología, hacía las prácticas en el Hospital Central”. El testimonio es de Oscar Martín Guidone, testigo y víctima, secuestrado el 2 de junio de 1976.

A Guidone fueron a buscarlo a la casa de sus padres, donde vivía. Uniformados de verde entraron armados y se lo llevaron mientras le preguntaban por un mimeógrafo. “Hicieron un desastre”. También violentaron la casa de enfrente donde vivía Amalia Valenzuela, su ex novia. “Me subieron a un vehículo, me llevaron, me tiraron en un lugar, alcancé a ver borceguíes, pantalones verdes”.

Guidone estaba bajo control del Ejército, en dependencias del VIII Comando de Comunicaciones de montaña, en el “LRD” -Lugar de Reunión de Detenidos-: “Un galpón tremendo con 200, 250 detenidos, un campo de concentración, una cuadra militar, aislada. Todos hombres, se decía que las mujeres estaban en otro lado. El perímetro de alambre de púa tenía soldados apostados con ametralladoras. El galpón con cuchetas estaba a siete escalones del piso. Había dos baños, en uno nos preparaban para la tortura, nos vendaban y ataban. Los ´paquetes´ los cantaban de las listas y los llevaban los conscriptos y suboficiales, después el paseo. Los militares se comunicaban por radio, decían ´elerredé´, andaban en uniformes de combate. Los presos éramos de todos los colores políticos y sociales. De día pendía una espada de Damocles sobre cada uno de nosotros. Vivíamos de noche porque a la noche no iban los torturadores. Ellos parecían marcar tarjeta, de 8 a 18. De noche se prendían las radios, intercambiábamos libros, ayudábamos a los que habían sido torturados, hablábamos. Después de la segunda tortura caí en un pozo, no podía entender cómo un hombre torturaba a otro, cómo eran capaces de hacer esto, pasé semanas sin querer hablar con nadie. El Negro Vélez, Mario Gaitán, Ventura Pérez me ayudaron".

“En un lugar reducido, me cuelgan a una pared por las manos y los pies colgando sin tocar el piso, me golpean durante horas. Ni sabía cómo me llamaba, miraba la escena desde otro ángulo, desconectado. Me devuelven al LRD casi muerto, por mis compañeros me llevan al Hospital Militar. El doctor Pradella, médico del sindicato municipal donde mi papá era secretario gremial, me diagnostica la segunda eclosión del bazo, riesgo de derrame biliar, voy a quirófano. Me despierto en una sala con soldados custodiándome”.

A los veinte días el segundo interrogatorio: “Me sacaban la ropa tras cada pregunta, ´lo vamos a matar al rengo”, decían por mi papá. En algo como una mesa de ping pong me atan con cadenas y me empiezan a dar picana a manivela, como si intensificaran el voltaje de modo manual. Los interrogadores daban una clase de tortura. Alguien de acento bonaerense daba las indicaciones: ´dale más máquina´. Me hicieron intentos de fusilamientos, me pasaron un cortafierros por la planta de los pies, corriente en el ano, dijeron ´dale con todo´, de tal modo que mis músculos se contrajeron y cortaron las cadenas, alguien, un médico me puso un estetoscopio”. El juez Antonio Burad preguntó a Guidone: “¿Usted cree, por deducciones de ese momento o investigaciones posteriores, que había una organización destinada a torturar?” “Sí, particularmente en la segunda sesión tuve la impresión que había una persona que daba clases de tortura, mantenía la coherencia discretamente, daba las indicaciones de cómo se hacía”, explicó.

Sobre la estructura y cadena de mandos del campo de concentración agregó: “El jefe era Migno. El sargento Peralta estaba a cargo del lugar. Uno de los torturadores era Pagella, iba de civil, se hacía el bueno para sacar información. El padre Rafael Rey -capellán castrense-, debía saber absolutamente todo esto que nos pasaba”. La novia de Oscar estaba embarazada, el padre de él quería que se casaran, habló con el capellán, Rey accedió. Fue en el despacho de Migno y la misa en la capilla del Hospital Militar: “había pocos santos en la iglesia, las empanadas fueron compartidas con mi compañeros de desgracia. La obligación de ser padre, la alternativa de decir ´no, andate´. Mi hijo nació cuando estaba en cautiverio, mi papá falleció”.

“Tené paciencia hijo, dios sabe lo que hace” eran las palabras que el hoy monseñor brindaba a los torturados. “La mayoría de los detenidos era creyente. Rey era su confesor. Cuando llegaba lo llevaban hasta la última cama, donde estaba, digamos, el último torturado. El vio gente torturada, empezando por mí, él sabía todo”, reiteró Oscar.

En las instancias previas al traslado del 27 de septiembre de 1976, Guidone recordó a otros compañeros de cautiverio: Gutiérrez, un trabajador de Luján; Marcos Garcetti; los periodistas Morán -Rafael y Orlando-; y Martín Lecea, “un hombre íntegro”. El viaje hasta el aeropuerto El Plumerillo fue en camiones del Ejército, previo paso por la Penitenciaría, donde levantaron más presos: “Nos subieron al Hércules 130, encadenados entre nosotros y al piso del avión. Uno de ellos me restregó un bastón en la cabeza donde tengo un problema congénito, de tal modo que me dejó el cráneo en carne viva, como si me hubieran quemado. La herida me provocó una infección bacterial que está alojada ahí. Se ensañaban con los más vulnerables, Bustelo con su espalda azul por los golpes, Di Benedetto con los anteojos rotos todos los días”.

“En la U9 de La Plata nos recibieron a los golpes tipos con guardapolvos blancos, con carpetas bajo el rótulo ´subversivos´. Nos mandaron a las celdas de máxima seguridad, un cuadradito para pasar la comida y una ventana al techo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- visitó el Penal, según los dictadores ´una cárcel para mostrar´. La historia esta del miedo que ellos querían, no les funcionó. En la misma cárcel, como Vanguardia Comunista había desaparecido, por mi compañero Roberto Vélez me integré al Partido Comunista. En el 77 viaja un juez con secretario a La Plata. Mis supuestas armas de guerra eran un carnet de la biblioteca de la Facultad de medicina y un mimeógrafo, algo para transmitir ideas -algo que les molestaba-, algo que además no tenía”, dijo la víctima. El fiscal Dante Vega evidenció: “Por resolución judicial, Guidone recibió sobreseimiento provisorio de parte del juez federal Gabriel Guzzo en febrero de 1978. Fue liberado en agosto”.

Oscar Guidone recordó a compañeros y compañeras de Medicina: “Siento en el alma sus ausencias. El Chino -Luis- Moriñas, entrañable, heladero en Soppelsa; Piri Lillo, excelente compañera; Susanita Liyera; el doctor Carlos Espeche, monitor en Anatomía, excelente persona”.

Guidone nunca concluyó su carrera, volvió a Argentina por los juicios. “Agradezco que me hayan permitido contar lo que me pasó” dijo al Tribunal.






Ejército concentrando
Rafael Morán y Mario Gaitán recordaron su paso forzoso por la VIII Compañía de Comunicaciones, ambos dieron constancia de que Roberto Vélez y Oscar Guidone pasaron por ese centro clandestino de detención. En los testimonios, el ex teniente Dardo Migno Pipaón, apareció como un alto mando con presencia activa en las sesiones de tortura.

Rafael Morán -detenido el mismo día del golpe- era jefe de Policiales del diario Los Andes y estuvo en Comunicaciones hasta el 5 de agosto de 1976. En su relato aseveró que compartió su estadía con Oscar Guidone  -“lo asistí luego de que lo torturaran”- y también que supo que Roberto Vélez cayó en ese reducto. No pudo ubicar a Martín Lecea en ese centro clandestino que, según sus cálculos, albergaba “entre 200 y 400 personas”.

El periodista dijo además conocer a todos los imputados, algunos por su profesión y a otros por contacto directo. Respecto al personal del Ejército en Comunicaciones expresó: “a Peralta y a Migno los conocí y también a Pagella, que forma parte del grupo de torturadores”. De Ramón Puebla dijo que “estaba al tanto de que era el jefe del lugar en el estábamos detenidos”. Señaló además que cuando iba a pedir por la libertad de Norma Sibila, su compañera, lo atendían Gómez Saá o Tamer Yapur.

Mario Gaitán relató detalladamente su cautiverio en centros clandestinos de detenciones y penitenciarías, se quebró en varias ocasiones, especialmente cuando puso en conocimiento la violación reiterada de su novia Edith Noemí Arito que también pasó por el D2.

Además de relatar con detalles las salvajadas que se cometían en el mayor centro detención de la provincia, recordó a un agente que le decían “el puntano” y que su pareja le había referido la permanencia del cadáver de un detenido en el baño del lugar.

Respecto a la Compañía de Comunicaciones dijo que era “un verdadero campo de concentración,  donde se palpaba la degradación humana”. Habló de la asistencia que le brindaron a Oscar Guidone, cuando a este lo trajeron de “la salita” -nombre que se le daba a la habitación de Comunicaciones utilizada para los interrogatorios-; también relató una situación similar vivida con Roberto Vélez. “No quiero dejar pasar por alto las denuncias que le hicimos al capellán de Comunicaciones, Monseñor Rey, le pedíamos que hiciera algo para que parara la tortura y nos decía que iba a hablar con los altos mando de la Iglesia y del Estado” agregó.

A Martín Lecea lo citó entre los detenidos que estaban en la Compañía de Comunicaciones y como parte de los 130 presos políticos que en septiembre de 1976 fueron trasladados a Buenos Aires, al igual que Guidone. Gaitán permaneció en La Plata hasta su liberación en 1978, pero a mediados de 1977 fue citado por el teniente Migno para firmar una declaración de culpabilidad. Rememoró que fue el mismo Migno quien le puso la venda en los ojos y que escuchó su voz cuando era brutalmente golpeado por resistirse a poner su firma.

Además de contar su historia, Mario se quejó por el abandono del Estado durante años, recordó en varios pasajes a su compañera, al padecimiento vivido y habló de su actual estado de salud “no lo ha podido superar, ella al igual que yo jamás recibimos algún tipo de contención psicológica”.

Para marzo de 1976 Mario Gaitán tenía 21 años, militaba en el Peronismo de Base y pretendía “subvertir el orden” haciendo trabajos sociales junto al padre Jorge Contreras. Su compañera andaba por la misma edad,  no tenía ningún tipo de militancia política.






Móviles
El presidente del Tribunal, Antonio González Macías hizo precisiones respecto a las próximas jornadas de audiencias. Las testimoniales serán retomadas el 20 y el 21 de diciembre y se solicitó a las partes ir contemplando el cierre de eventuales testigos hasta el próximo 8 de febrero, cuando se inicie la etapa de alegatos. La defensa del imputado Fernando Morellato apuntó entonces a dos posibles testigos. Se trata de dos de los tres policías de Motorizada que intervinieron en el procedimiento de la supuesta sustracción vehicular por la cual supuestamente fueron detenidos Oscar Ramos y Daniel Iturgay, desaparecidos desde la madrugada del 5 de noviembre de 1976, según consta en registros de la Policía de Mendoza. Bruno Medina y Manuel Martínez serían los convocados, el tercero es el conductor de “Oscar 28”, el móvil en el cual se desplazaron los agentes.

viernes, 7 de diciembre de 2012

075-M: Desapariciones de Oscar Ramos, Daniel Iturgay y Ángeles Gutiérrez. 076-M: Privaciones de la libertad de Martín Lecea, Oscar Guidone y Roberto Vélez. 077-M: Desaparición de Ramón Sosa. 085-M: Desapariciones de Nélida Tissone, Néstor Carzolio, Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Gladys Castro y Walter Domínguez

Prácticas habituales
06-12-2012 | La jornada estuvo cargada de revelaciones y corroboraciones respecto a todas las causas indagadas. Roberto Vélez -detenido en la VIII Compañía de Comunicaciones de montaña en 1976, una de las víctimas- abrió la etapa testimonial por la causa 076-M. Elba Morales aportó documentación al Tribunal, piedra basal de las investigaciones del MEDH; Rodrigo Sepúlveda dio un detalle técnico de la entrevista de 2004 al hoy imputado Morellato; y un testigo de identidad reservada relacionó hechos de espionaje. Olinda Narváez dio entidad a Ramón Alberto Sosa.

El papel de las anotaciones
Elba Lilia Morales, representante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos -MEDH-, se presentó a testimoniar por segunda vez en este juicio. Tras ponerse en contacto con el Tribunal por la cesión de material documental relativo a las primeras investigaciones realizadas respecto a la represión ilegal en Mendoza, fue invitada a explicar a las partes cómo lo obtuvo y en qué consiste. El recorrido de los documentos y sus diferentes valoraciones transita paralelo a las épocas de impunidad o de avances en las investigaciones de la justicia:

“Son borradores -ni documentos firmados o sellados por autoridad legal-, fichas, anotaciones, planillas, bosquejos manuscritos que realizó la instrucción de la Cámara Federal en 1986 y 1987. Después de concluidas las Causas por las leyes de punto final y obediencia debida, nosotros continuamos las investigaciones. Desde la Cámara se nos llamó para retirar documentación que era nuestra, copias, algún libro. Con ello nos fueron ofrecidos los borradores: ´si ustedes lo consideran útiles se los pueden llevar´ -nos dijeron-, y nos los llevamos”.

La investigadora no recuerda quién le entregó el material pero sí que la funcionaria judicial Beatriz Ortiz de Guillén -entonces relatora de la Cámara- está en conocimiento de que puede tratarse de los archivos apuntados por ella. Denunció Elba: “Ya no estaban las Causas, ya se las habían llevado a Córdoba, ya no había nada que hacer. No sólo por el tiempo transcurrido sino por la situación traumática: el golpe más grande fueron las leyes de punto final y obediencia debida. Cuando se cerraron las Causas en el 87 muchos archivos se perdieron”.

“Al tiempo comenzamos a analizar y clasificar en carpetas. Con las leyes de la reparación a las víctimas de la dictadura, la información se tornó más útil para las personas. Con la reapertura de las Causas se volvió un material fundamental por los bosquejos en que se relacionaban víctimas. Por ejemplo, en la causa conocida por nosotros como la de la cestería -contra un grupo de militantes del Partido Comunista Marxista Leninista-, la Cámara trabajó un bosquejo, la unidad de esos hechos. Nosotros seguimos esa línea de trabajo, de pensamiento: ´Esto es una sola cosa´, advertimos con Carlos Venier al repasar lo unido en diagramas y flechas con los nombres de personas del PCML desaparecidas -Vera, Carzolio-. Por otro lado están las fichas, que son anotaciones escritas respecto a víctimas reseñadas en libros del D2. Las fichas adjuntadas son constancias sumamente útiles, de puño y letra de esas indagaciones, números de legajos, fecha de los secuestros, nombres, registros de los detenidos. Tal el caso de Bonoso Pérez por ejemplo, de quien se sabe poco y figura en los registros del D2 entre octubre del 76 y enero del 77”.

Elba explicó la metodología del MEDH: “En todos los casos de las querellas trabajadas hemos revisado esta papelería que a nosotros nos la dieron como papelería de descarte y consideramos de trascendencia, útil a las investigaciones. Siempre hemos compulsado las fichas con las planillas y adjuntado las copias de constancias de trámites, fichas, legajos. Este material es de la Cámara, no es del MEDH. Lo hemos custodiado todos estos años. Por eso lo remitimos al Tribunal. Preguntamos, nos dijeron tráiganlo inmediatamente y ahí está”, dijo señalando a los cuatro biblioratos de los cuales solicitó fotocopias legalizadas para continuar con las investigaciones.


Los sospechosos y la entrevista
En relación al secuestro y desaparición de Ángeles Josefina Gutiérrez de Moyano, se presentó un testigo que solicitó sea reservada su identidad. El testigo conocía a la víctima por referencias de amistades. Sabía de la labor docente de Angelita y que era propietaria de la florería céntrica. Su aporte consistió en haber visto en los días próximos al 20 de abril de 1977 a dos personas sospechosas en plaza España. El testigo había sido víctima días antes de un intento fallido de secuestro en el que pudo ver a algunos de los apresores. Dos de ellos son los que habrían acechado a Gutiérrez. Uno -“el colorado”-, por corroboraciones posteriores con Francisco González -ex detenido en el D2- habría intervenido en los secuestros.


“La entrevista la hice yo, la revista Veintitrés me pidió la nota, la envié y la publicaron. Fernando Morellato había hecho declaraciones a canal 9, donde hablaba de las diferencias entre la policía de antes y la de ahora. Eso motivó la entrevista y la investigación en base a su legajo, que da cuenta de que había detenido a dos personas. En la transcripción del reportaje, el mismo Morellato hace referencia a sus títulos y reconocimientos. La persona que tomó las fotos es Eva Rodríguez. En ellas se observan el grabador sobre el escritorio de la oficina de Morellato y sus ´títulos´, el 8 de mayo de 2004, en la organización Mikael”. El periodista Rodrigo Fernando Sepúlveda volvió a concurrir al Tribunal para ampliar detalles sobre la entrevista que le hizo al hoy imputado y ex policía del cuerpo de Motorizada de la Provincia por los secuestros de Oscar Ramos y Daniel Iturgay. El audio grabado “lamentablemente se perdió, conservo la transcripción en word y las fotos”.  Explicó: “la desgrabación es una práctica habitual que permite reunir los elementos datados”. Cuestionado por Ariel Civit - abogado defensor de Morellato- el periodista agregó: “Si yo hago una entrevista on the record, a la persona se le avisa. Si yo saco un grabador y queda visible, es porque el entrevistado ha dado su consentimiento”.


El mar de lágrimas
De las personas secuestradas por el Grupo Especial G78, hacia mayo de 1978, sobre el desaparecido Ramón Alberto Sosa es de quien menos fuentes testimoniales se disponen. Olinda Mercedes Narváez -su cuñada y hermana de Elvira Cayetana, su esposa-, dio un panorama sobre los hechos.

Elvira y Alberto se casaron en 1964. Adoptan una nena, Noemí Beatriz. Sosa era encargado de enristradas de ajo en la zona de Luján. Vivían en Dorrego, en un departamentito de calle Laprida, parte de la casa del padre de las Narváez donde también vivía Olinda, que los días previos al secuestro de su cuñado notó en varias oportunidades la presencia de “linyeras” en las inmediaciones del domicilio. A las 10.15 del domingo 28 de mayo de 1978, “Alberto salió por una enristrada. ´Vuelvo a las doce para hacer el asado, preparen el fuego´ nos dijo. Pasó el tiempo y no llegaba. A la noche acompañé a mi hermana a hacer la denuncia en la Comisaría 25, ´vaya a buscarlo al hospital´ le dijeron. Meses después fuimos al VIII Comando, donde un soldado le hizo muchas preguntas, si sabía que el marido andaba en política, si sabía que era montonero, que en mi casa se hacían reuniones, que andaba llevando cosas, que le decían ´Felipe´ y que lo habían matado y encontrado en los hornos de ladrillos de Las Heras. Mi hermana salió descompuesta, llegamos a la casa en un mar de lágrimas”.

Todo lo que las hermanas Narváez lograron reconstruir sobre el destino de Alberto Sosa fue en base al único aporte de un testigo presencial de los hechos, vecino de calle Adolfo Calle: “en la parada del trole -usado con frecuencia por Sosa para ir a trabajar- a la vuelta de Laprida, entre San Juan de Dios y Espejo, fue levantado por un automóvil particular. Entendimos que lo habían matado”.


Comunicaciones de Puebla y Migno
Solamente tres de las veintiocho personas por las cuales se busca justicia en el presente proceso están vivas. Uno de ellos es el militante y dirigente político Roberto Edmundo Vélez, detenido en 1976, y quien abrió la ronda testimonial en relación a la Causa 076-M. Por ella están imputados Ramón Ángel Puebla -jefe de la VIII Compañía de Comunicaciones de montaña durante la represión- y Dardo Migno Pipaon -encargado del “Lugar de reunión de detenidos”, es decir, efectivamente el Centro clandestino de detención y torturas de esa dependencia militar-, ya condenado por otras causas. Los procesamientos de Puebla y Migno -que presenciaron la audiencia vía teleconferencia desde Comodoro Py y Rosario respectivamente- están relacionados a las privaciones ilegítimas de la libertad de Martín Ignacio Lecea -fallecido-, de Oscar Martín Guidone, y del mismo Vélez, como surge de la lectura de los hechos:

El 2 de junio de 1976, Oscar Guidone, estudiante de cuarto año de Medicina fue privado de su libertad por un grupo de diez militares armados, a bordo de tres camiones del Ejército, de la casa familiar en la que vivía con sus padres en Luján. Interrogado por un mimeógrafo, Guidone fue maniatado, vendado y trasladado en uno de los camiones a la VIII Compañía de Comunicaciones de montaña, donde recibió una sesión de ablande con puñetazos de boxeo en el “Lugar de Reunión de detenidos”. A los tres días fue colgado con los brazos abiertos contra una pared y golpeado durante horas en el abdomen. Al ser regresado a la cuadra se desmayó y por insistencia de sus compañeros lo remitieron al Hospital Militar donde el doctor Linio Pradella le produce la extirpación del bazo y permanece veinte días internado. En rehabilitación fue encerrado en una celda donde se le hizo un simulacro de fusilamiento bajo amenazas de eliminar a su familia y fue atado a una mesa y picaneado durante dos horas bajo tal intensidad eléctrica que su cuerpo se contrajo y cortó las cadenas que lo mantenían ligado. En dependencias de la Compañía se le autorizó a casarse con su compañera Carmen Edith Prado, en presencia de Dardo Migno y en su oficina. También estuvieron presentes el capellán Monseñor Rafael Rey -que ofició una misa- y personal del Registro Civil. Antes de la “ceremonia” Guidone había sido vez golpeado una vez más. En septiembre de 1976 fue trasladado a la U9 de La Plata y el 20 de agosto de 1978 puesto en libertad. Su padre había fallecido en abril del año anterior.

Martín Lecea y Roberto Vélez -ambos militantes del Partido Comunista- fueron detenidos ilegalmente el 9 de agosto de 1976 en la esquina de calles Patricias Mendocinas y Echeverría de Godoy Cruz por un grupo de policías que los llevaron a la comisaría 34 de Almirante Brown -bajo órbita de la 7ma- donde fueron interrogados en relación a su militancia política. Una vez en la comisaría 7ma permanecieron tres días, en tanto se realizó un allanamiento ilegal al domicilio de Lecea. Fueron trasladados a Comunicaciones donde los golpearon y torturaron con saña. Lecea fue liberado el 7 de marzo de 1977 y Vélez el 24 de diciembre del 76, ambos previo paso por el pabellón para presos políticos del Penal Provincial y el pabellón 11 -de máxima seguridad- de la U9 de La Plata.

Denunciar el plan
“Conocí personalmente a Migno, fui prisionero en el campo de concentración que él dirigía”, señaló en la apertura de su testimonio Roberto Edmundo Vélez, sociólogo, víctima querellante, también testigo en el juicio anterior. A partir de allí hizo un exhaustivo y preciso recuento de los antecedentes de persecución política que precedieron a su secuestro; las responsabilidades de los represores de la estructura del Ejército respecto a los graves daños infligidos a él y sus compañeros; y las denuncias sobre violencia sistemática en Comunicaciones y en el Penal Provincial. “Estos hechos los denuncié hace treinta años. Lo del 9 de agosto de 1976 no es algo aislado, forma parte de una estructura que venía funcionando, una persecución política que no era nueva, un contexto de antecedentes en que se produce mi detención:

“En la etapa de terrorismo con apoyo estatal, al frente de Santuccione -jefe de Aeronáutica con control de la Policía Provincial-, el 24 de octubre de 1975 hubo un atentado con explosivos en mi casa, a las dos de la mañana. Yo trabajaba en la bodega Quirós, en Maipú. Los servicios de Inteligencia del Ejército que tenían el manejo de la zona detectaron mi presencia, lo que les era inconveniente. Me despidieron, confirmado por los dueños que eran hermanos: ´el Ejército nos exige tu salida´. El Sindicato Vitivinícola de la bodega Giol -SOEVA- resistía la privatización de la bodega. A fines del 76 asesinaron a los dirigentes Antonio García y Héctor Brizuela”.

“A mediados de 1976 -como a centenares de compañeros docentes y no docentes- me expulsan de la Universidad Nacional de Cuyo. El 30 de junio de ese año, en otro atentado terrorista con explosivos en mi casa, desmantelaron y saquearon todo, desde las cucharitas de café -que terminaron en el destacamento Almirante Brown de donde eran los policías actuantes en el procedimiento digitado desde la seccional 7ma.- hasta los pañales de mi hijo de un año. No me dejaron entrar y era mi casa. Naturalmente entré. Cuando salí me detuvieron junto con mi suegro. Ni ellos mismos tenían argumentos para mantenerme recluido, me liberaron”.

“El 9 de agosto nos detienen con mi compañero Martín Lecea, en la esquina de calles Echeverría y Patricias Mendocinas. Un jeep policial nos lleva a la Seccional 7ma. En forma separada nos negamos a los interrogatorios: ´Lo que nosotros preguntamos se los van a sacar de otra manera´, nos advirtieron. A media mañana nos trasladan a la Compañía de Comunicaciones. En ese lapso noté que conversaban con Martín, querían allanar su casa en búsqueda de un mimeógrafo. Él accede si le permiten ir con ellos. Efectivamente fue así y eso posibilitó que la familia supiese que estábamos detenidos. Hecho que luego en la tortura, algunos de los interrogadores, descalificaban como la impericia policial la noche del operativo porque la familia estaba en conocimiento. El chofer del jeep conocía a Lecea, nos trajo unas mantas y la familia se enteró inmediatamente de las detenciones. Si no, el desenlace hubiese sido otro”.

“Desde que pude hablar hasta el presente, la verdad puede cotejarse en todas mis declaraciones: Nos encerraron en los calabozos de la guardia. Dos, tres días, sin abrigo ni alimento ni agua. Aprendí a dormir parado por el frío, lo que me molestaba eran las piedritas de la pared que me dañaban la frente. Un día por un agujero vi a Martín sentado en una silla en la celda de al lado, suboficiales lo ataban, vendaban y se lo llevaban. Supuse que era la perspectiva que me esperaba. A la media hora me tocó vivir lo mismo que él. Me subieron a un camión Unimov, divisé los borceguíes y la ropa de combate, dieron varias vueltas para desorientar. Me colgaron en una pared con los pies colgando. Sin preguntarme nada -¿para qué? si sabían todo- cayeron golpes de todos lados, de muchas personas. Me tiraron dentro de un edificio, me sentía solo y muy mal. Oí una radio que aumentaba de volumen y los gritos de mi compañero. No había alternativas, me aflojé las vendas, descubrí la habitación con sangre en las paredes, intenté escapar. Logré treparme, la diagonal me daba el cerro de la Gloria. Me caí, volví a saltar, volví a caer, se dieron cuenta, otra pateadura”.

“Los tratamientos de tortura se repetían día tras día: La tercera vez, vendado y desorientado, me metí en el auto particular de uno de los torturadores. Hizo que se enojaba para justificar lo que hacían, dentro del auto me pegaban con las culatas de los revólveres, inventaban cosas y pegaban. Me llevaron al mismo lugar que a Martín. Tenemos un mecanismo en el cerebro que nos resguarda del terror, pero es necesario recordar los procedimientos más allá de lo sistemático de la aplicación de picana eléctrica: por ejemplo, dos tipos me tomaban por los brazos, ordenaban correr, lo hacían conmigo hasta que me estrellaba contra una pared o el canto de una puerta. El objetivo era trastornar la personalidad. Transformarnos en algo menos que un animal para anular la capacidad de resistencia, estos eran los procedimientos de esta gente”.

“Hubo otras sesiones de tortura, venían los malos. Pagella, que hacía el bueno, estaría mirando. Un día me trasladaron a pie hasta el barranco de Comunicaciones. Éramos 120 prisioneros en un campo de concentración perimetrado con alambre de púas y custodias armadas. Pensé que la tortura se terminaba. ´No´ -me advirtieron mis compañeros- ´acá no se acaba, nos sacan y llevan a torturar afuera´. Era la impunidad absoluta, parte del tratamiento consistía en que los otros compañeros supieran que nos llevaban. Yo seguía en el PC y funcionábamos como tal dentro del presidio. Una noche trajeron a Bustelo, lo tiraron como una bolsa de papas. Al otro día el Ángel se entrevista con Migno por la ficha de ingreso que medio nos blanqueaba. Ahí denuncia todo lo que le habíamos contado, Migno se enoja y lo castiga. Entonces yo abracé a Raúl Raconto -compañero de mi padre que estaba ingresando- e insulté al suboficial que me impedía hacerlo. Nos pasaron a la Penitenciaría con Bustelo, al pabellón 11, como jefes de la guerrilla. Vino un tratamiento diferente. Y un sufrimiento diferente también”, dijo Roberto Vélez anticipando las condiciones infrahumanas a las que fue sometido en las diversas prisiones.

Respecto a la estructura y responsables del Lugar de Reunión de Detenidos -LRD- en Comunicaciones, Vélez detalló: “Era un campo de concentración donde se torturaba gente. Para la tortura había lugares específicos y los militares tenían roles diferenciados. Migno era el jefe de todo, el que estaba a cargo nuestro, sabe que estuve en el calabozo de la guardia, sabe todo. Era un oficial joven, envalentonado, que quería atropellar el mundo. Ese oficial soberbio, prepotente, maleducado, sin consideración por la gente, nos confundió. El jefe político y militar de Comunicaciones era Ramón Puebla y su segundo era Largacha, con más mando de tropa. A Largacha lo conozco porque continuó la persecución y discriminación hasta hoy. A través de relaciones de su esposa Laura Ciancio, sigo imposibilitado de dictar clases en Ciencias Políticas”.

“Uno de los torturadores era el sargento ayudante Pagella. Pagella está en todos lados, figura en los expedientes haciendo relaciones con los familiares, manejando inteligencia en los diarios, torturando. Integra la estructura que dirigía Orlando Dopazo, otro militar que dio los nombres de su segundo, Gómez Sáa; del suboficial Viñes; y del soldado Minopio, como integrantes de su grupo de inteligencia. Pagella, que me torturó, tenía como superiores a Dopazo y Gómez Sáa; a Puebla, Largacha y Migno. El bueno del sistema era el suboficial Juan Alberto Peralta, un perverso como todos los que estaban ahí. Jugaba el rol que no podían jugar los otros porque no pegaba, nos entregaba a los torturadores que no veíamos”.

El sobreviviente estableció también planteos y denuncias puntuales en cuanto a la propia historia y a la amplitud del plan represivo:
-Pedido expreso para que la justicia federal encuentre y reintegre los prontuarios policiales suyo y de su padre. Allí constan las décadas de persecución ejercidas por parte de las fuerzas de seguridad contra la víctima.
-La policía de Mendoza no ha suministrado los listados de los colaboradores civiles. Vélez reitera el reclamo.
-A consecuencias de los servicios de Inteligencia del Ejército, en 1971 81 conscriptos del Servicio Militar en Mendoza fueron confinados en condiciones infrahumanas en La Rioja. Vélez estuvo un año desterrado en Nonogasta.
-La presencia policial represiva antes del golpe, con Santuccione como cabeza de la Policía de Mendoza, con el aval del Partido Justicialista, a través de la designación avalada por el interventor Antonio Cafiero y su ratificación consecutiva, de parte de los gobernadores interventores posteriores.
-El rol desestabilizador de Carlos Mendoza -vicegobernador de Alberto Martínez Baca-, que destacaba la necesidad de mantener a Santuccione en el cargo: “Estas presencias no sólo continuaron en dictadura, también cuando se retorna a la democracia. Santuccione fue jefe del Servicio de Inteligencia de Aeronáutica durante el primer gobierno constitucional”.
- La conversación con el torturador: “Un día me sacan las ligaduras y la venda. Se presentó Pagella y me dijo que la Aeronáutica y la Federal tenían mis antecedentes. Aeronáutica tenía mi información porque yo era militante, presidente del centro de estudiantes de la Facultad, donde estaba el hostigamiento de la extrema derecha, la CNU -Concentración Nacional Universitaria-, la Triple A -Alianza Anticomunista Argentina-, las bandas de Santuccione, la Juventud Sindicalista Peronista de Cassia. Miré a la cara a Pagella, le espeté: ´¿Qué pasó con Luis Moriñas?´ Moriñas era un estudiante de Medicina que actuaba en la Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista Combatiente -TUPAC- vertiente de Vanguardia Comunista. Sabíamos que lo habían desaparecido. Lo sorprendí. Dijo, ´se nos escapó´. Eso prueba que a Moriñas lo torturaron ellos. Lo hicieron aparecer en Córdoba, lo mató el Ejército".
-Tras la ampliación declaratoria que hizo en la justicia militar, después de la CONADEP, Vélez manifestó a los periodistas que declaraba sólo por responsabilidad ciudadana, que no creía en absoluto en ese proceso: “Luego leo los antecedentes reunidos y me encuentro con que eran los mismos los que instruían esas ampliaciones de los sumarios y los que constituían los juzgados que sentenciaban en secreto a las personas. No me equivoqué. El oficial Hugo Alfredo Soliveres, estuvo primero en el ámbito de la dictadura y luego en democracia. Había integrado en el 77 el Consejo Especial de Guerra. Después se desempeñó como juez instructor militar. Es decir, muchas perspectivas de justicia, con esa justicia, no había”.

Roberto Vélez valoró “acaso la última vez que relate frente a una instancia así”. “Después de todo aquello, todo lo que vivo es tiempo de descuento, quiero una sociedad más justa, que haya libertad, igualdad y fraternidad. Por eso estoy acá. Yo perdono pero no olvido. Las generaciones futuras no tienen que vivir lo que vivieron las nuestras. Estos han sido padecimientos de las familias, de los amigos, de los vecinos, de una sociedad. Tanta gente que hoy no puede contar lo que vivió”.

sábado, 1 de diciembre de 2012

075-M: Desapariciones de Ángeles Gutiérrez de Moyano, Oscar Ramos y Daniel Iturgay

Las flores del reclamo
30-11-2012 | Ex agentes del Cuerpo de Motorizada de la Policía de Mendoza, compañeros del imputado Morellato, repasaron partes y anotaciones del 4 y 5 de noviembre de 1976, cuando Oscar Ramos y Daniel Iturgay fueron detenidos ilegalmente en la Seccional 25, que compartía dependencias con la Motorizada. Blanca Moyano -hija de Ángeles Gutiérrez- y Francisco González -ex detenido y allegado-, abrieron la historia de la docente, sindicalista y dirigente desaparecida desde el 20 de abril de 1977.

Angelita, sus luchas
Francisco Javier González brindó testimonio por teleconferencia desde la Embajada argentina en Madrid. Fue obrero textil, militaba en el peronismo de base y estuvo detenido al igual que sus dos hermanos, uno de ellos desaparecido.

El testigo contó que vio por última vez a Ángeles Josefina Gutiérrez de Moyano, días antes de su desaparición el 20 de abril de 1977, cuando fue secuestrada en el trayecto de las cinco cuadras céntricas entre la florería de su propiedad y su domicilio de calle Espejo, en Ciudad. Francisco la visitó en la florería, le consultó por Pablo Guillermo González, su hermano secuestrado por esos días. Caminaron por plaza España; hablaron de las desapariciones cercanas y masivas, del futuro, “el futuro era muy malo para nosotros, para todos”. “Yo todavía creía que para Angelita no, todavía no, porque era una persona ajena a la violencia, que no la iban a tocar”. A Francisco le llamó la atención que Angelita le dijera que si a ella le sucedía algo cuidara a Gringo -su hijo menor-. También la notó más afectiva que de costumbre, “me abrazaba, me daba besos”. En ese momento el testigo vio pasar por calle 9 de julio un auto pequeño. Desde el interior una persona los miraba, lo reconoció como el mismo que lo había detenido a él, el 22 de septiembre de 1976: “Era un hombre pelirrojo, delgado y alto, con pecas y una cara muy particular, de unos 35 ó 40 años”, y le dice a Angelita que le parecía raro. Ella le restó importancia: “ves visiones, por aquí pasa todo el mundo”. “Lo volvimos a ver al rato, ´será cierto´ dijo Angelita, y la dejé en su casa. No la volví a ver más”, precisó Francisco.

Luego de su desaparición, los hijos de Ángeles comienzan a preguntar y a averiguar. Consultan a un primo, Osvaldo Aizcorbe, que acudió al responsable de seguridad de su empresa -un militar, un agente de la SIDE- y le dijo a Gringo que Ángeles había muerto en un interrogatorio en Córdoba, que le falló el corazón.

Sobre su propia detención, González narró que lo llevaron al D2 -en un auto, acuclillado y con la cabeza abajo y las manos de los represores sobre su espalda. “Sabía que era el D2 porque trabajé durante siete años enfrente del Palacio Policial, en la Oficina de Construcciones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Considero que sabían perfectamente quién era yo, porque soy yerno del comisario Federico Massa que trabajaba en esa época en la SIDE y también conocía a Francisco Jesús Fiumarelli que trabajaba en Construcciones y luego ingresó a la Policía y al D2. Él comentaba como una aventura que era uno de los golpeadores en el Centro clandestino. Con los compañeros de trabajo notamos cómo iba cambiando de carácter”.

“Mendoza es muy pequeña”, señaló al hacer un último aporte en relación a la participación del médico de la Marina Juan Manuel Velazco Martons -conocido eventual suyo- en el D2: “Lo vi entrar por la puerta de atrás del D2, no una, sino muchas veces”.






Tras un infructuoso reconocimiento fotográfico -del cual el Tribunal aseguró repetir vía electrónica los registros digitalizados- Francisco González estalló de sorpresa al reconocer por teleconferencia a quien le sucedería en la ronda testimonial: Blanca Estela Moyano, la hija de Ángeles, la compañera madre de su amigo Gringo: “¡Estelita! ¡Pero qué linda estás! ¡Qué alegría después de tantos años!” El reencuentro iluminó la sala, resurgieron las flores con las que Blanca y Francisco vivieron juntos “antes del 73”. Blanca Estela recogió el testimoniar.

“Mi madre provenía de una familia de profundas creencias religiosas, con un alto sentido de la moral y la honorabilidad. A partir de su labor como directora de la escuela Ponce de Videla asume un profundo compromiso con la comunidad boliviana en los años ´50, en el origen de los asentamientos del Oeste. Se transforma en una referente, logra que las familias envíen a los chicos a la escuela, dos de esas niñas, huérfanas, fueron criadas conmigo y mi hermano. A la par, iba al Convento del Buen Pastor. Luego, a través de su participación en el Sindicato del Magisterio, donde era continuamente reelegida, profundiza su actividad gremial hasta fines de los ´60. Después integra la Dirección de Enseñanza Media, comienza a agruparse y participar de conferencias con otras mujeres. Trabaja y milita en el ámbito del Partido Peronista Auténtico, donde fue nombrada Secretaria. Sus contactos son Alicia Peralta, Angélica de Coria, Susana Sanz, Héctor Chávez, Gerónimo Morgante, José Suárez.

Estela detalló el clima hostil que se desenvolvía en torno a su madre, semanas previas a su desaparición. Se apoyó en los aportes de allegados y de una historia reveladora que da cuenta que a Ángeles la tenían apuntada: “María Elena Moyano de Blanco fue secuestrada, llevada al D2 y luego liberada cuando se dieron cuenta de que no se trataba de Ángeles Gutiérrez de Moyano”, señaló el fiscal Dante Vega. La testigo explicó: “eran muy parecidas físicamente, las dos eran docentes, las dos peronistas. En el interrogatorio le preguntan por su rol como Congresal del Partido, ahí descubre la confusión respecto a su amiga. Se produjeron silencios, vacilaciones de los torturadores, uno de ellos comentó a Elena ´ha habido una confusión con usted´. La liberan. Le dice a Angelita que se vaya, que ella había sido detenida en su lugar”.

Otras personas que notaron la persecución a la docente fueron Gringo, su hijo y confidente, que estaba muy preocupado ya que sabía que “corría peligro, estaban desapareciendo gente”; Camilo Giménez, que vio a un sospechoso merodear la florería dos días antes del secuestro; el doctor Alfredo Guevara, que desde su estudio próximo a la florería vio un Renault 12 blanco estacionado sobre España; Angélica de Coria que aquella misma tarde estuvo en el negocio y se alertó ante tres personas que bajaron de ese vehículo con la excusa de comprar flores.

La noche del 20 de abril de 1977 Ángeles y su hijo cierran tarde la florería de calles España y San Lorenzo. Cerca de la medianoche se separan en la puerta del negocio, la madre por España hacia su casa de calle Espejo, el hijo junto a su amigo Gabrielli, por San Lorenzo hacia el Oeste. Entre Rivadavia y Sarmiento, Ángeles es interceptada por un Renault 12 blanco, del cual descienden personas armadas que la toman por la fuerza, ella grita su nombre, que avisen a su hijo, que es la dueña de la florería. En la entrada del cabaret Tiffanys alcanza a ver a un hombre, potencial testigo del hecho. Él sale en su defensa y de otro vehículo apostado con más individuos armados lo amedrentan. Los vehículos se van, el testigo -Oscar Savarino- camina 150 metros hasta Investigaciones donde le rechazan la denuncia. Vuelve al cabaret y narra lo que presenció a dos mujeres. Son ellas las que al día siguiente -al escuchar por la radio en un taxi el pedido de la familia por información sobre la secuestrada, y a instancias del taxista- contactan al hijo de Ángeles.

Ya había sido presentada la denuncia en la Comisaría 2da, bajo firma del oficial Bardaro. La respuesta al habeas corpus presentado ante la Justicia Federal demoró 45 días y fue rechazado. El juez Guzzo, Garguil y Walter Rodríguez son los firmantes de las cédulas. Una prima de Estela le habría dicho que Guzzo le realizó proposiciones sexuales para brindar datos sobre su tía, de lo contrario, la familia “nunca más sabrán nada si depende de mí”. Por su parte, Gringo también fue perseguido tras el secuestro y se mudó a casa de unas  tías, constantemente acosado por un auto sin patente. Un mes después, esa vivienda es allanada, a Gringo lo despiertan con un arma en la cabeza y sin dar explicaciones se van. El fiscal Vega aportó que la ex detenida Susana de Porras habría visto fugazmente y por comentarios de los policías, a Angelita en el D2.

“Mi hermano fue citado ese invierno por una persona en Las Heras que le dijo saber sobre mi mamá, tenía miedo. Parado en una esquina oscura, un auto que daba vueltas, dos hombres que le vendan los ojos, lo llevan a una casa, en una habitación donde dormía un niño le quitan las vendas. Aparece un hombre que dice venir de Córdoba y le indica que mi mamá estaba allá, que hagamos algo y rápido. Viajamos en julio, en el III Cuerpo del Ejército nos entrevistamos con los generales Maradona y Santiago. Dijeron saber quién era ella, que era del Peronismo Auténtico, que militaba con Martínez Bacca, que era comunista, y que como todos los comunistas debía estar fuera del país. Negaron todo, que no hiciéramos más nada".

Por pertenencia y contacto con las monjas y sacerdotes mercedarios, los hermanos se dirigen al Buen Pastor de Córdoba. La madre superiora les dice que no había presos políticos en la provincia, sin embargo, en los  techos del Convento estaban apostados en ese momento uniformados del Ejército con armas largas. Estela recordó al Presbístero Antonio Portero, confesor de Ángeles desde la época del Buen Pastor en Mendoza y hasta que la secuestraron -Ángeles “era de confesión semanal”-, que resultó ser capellán de la Fuerza Aérea y no atendió nunca sus consultas. También recordó a las monjas del Hospital Militar, donde acudió en diciembre de 1977, ante un anónimo en el que decían que allí estaba su madre. También dijeron desconocerlo todo, recordó Estela.

El 25 de junio de 1989, el coronel Hugo Alfredo Soliveres juez instructor militar, indaga a Estela y la presiona respecto a que revele el nombre de Oscar Savarino, único testigo presencial del secuestro y en compromiso de no ser revelado ante autoridad militar su nombre por la familia Moyano. El testigo está fallecido y nunca prestó declaración en ninguna dependencia.

Cartas: a Videla, a Massera, a Agosti, a Harguideguy, a Lépori, a Maradona, al Papa, al representante de los Derechos Humanos en Estados Unidos, a la Organización de Estados Americanos, a la Cruz Roja Internacional. “Era lo único que podíamos hacer, ya nadie daba datos de su paradero, estábamos como al principio: se la llevaron, la subieron a un Renault 12 blanco y hasta hoy nunca supimos que pasó con ella. La versión es que la orden de desaparecerla vino de la Fuerza Aérea y la ejecutó la Policía de Mendoza. Agradezco profundamente esto que están haciendo. Lo hemos esperado más de treinta años, que se haga justicia, sólo eso esperamos, Justicia”, cerró Estela.





Tiempos para interrogar
Ricardo Nazareno Porfiri, Héctor Silvano Cuadro y Guillermo Humberto Bastías son jubilados de la Policía de Mendoza. Prestaron testimonio a pedido de la defensa de Fernando Morellato Donna. Los tres se remitieron a su experiencia en el Cuerpo de Motorizada en particular y leyeron e interpretaron las anotaciones del libro de novedades de la dependencia entre los días 4 y 5 de noviembre de 1976, fecha en las cuales son detenidos, retenidos en Motorizada y trasladados al D2 Oscar Ramos y Daniel Iturgay.

Con distintos grados de “recuerdo”, los ex agentes dieron datos contradictorios en cuanto a la rigurosidad de lo consignado en el libro de novedades. También difirieron en su apreciación respecto del funcionamiento en el cuerpo. Por ejemplo, y a los fines de determinar responsabilidades en los operativos realizados por aquellas jornadas, no coincidieron los ex compañeros de Morellato al decir si los móviles de Motorizada durante todo un turno eran responsabilidad y utilizados por los mismos agentes o si podían cambiar de móvil en un mismo turno. Esto resulta dato relevante a la hora de determinar actores presentes en los procedimientos, los cuales fueron asentados en el libro según el móvil que concurrió al lugar de los hechos.

También hubo disidencias acerca de la valoración de un supuesto que el abogado defensor le planteó a sus testigos. Ariel Civit pretendió sentar la idea de que hacia el domicilio de Oscar Heinze, dueño del auto que habrían intentado robar Ramos e Iturgay y motivo de que hayan sido detenidos en la madrugada del 5 de noviembre, puedan haber concurrido dos móviles. Esa hipótesis, sin sustento probatorio, demostraría -según la estrategia de la defensa- que quizás los detenidos partieron en un móvil y otro se quedó en el lugar y se conectó con Heinze, por ese motivo el dueño del Citroen “casi robado” no habría visto ningún detenido y ni siquiera la tentativa de hurto. Sólo se encontró con policías en la calle de su casa que le dijeron que intentaron sustraerle el auto.

Otro dato consultado con los policías fue respecto de la orden del Jefe de la Policía, Julio César Santuccione, según la cual los detenidos que tuviesen vinculación con la militancia política -“subversivos”- debían ser remitidos al D2 y a la Comisaría de la zona. La Fiscalía consultó cómo podrían saber ellos -Motorizada- si se trataba de activistas políticos, o no, los aprehendidos por ellos en un procedimiento, de manera tal que pudiesen dar aviso al D2 y trasladarlos allí. Dudas y respuestas a medias salieron de boca de los testigos. Solamente coincidieron en que Pedro Dante Sánchez Camargo -jefe del D2- podría haberse enterado de la detenciones de Ramos e Iturgay a través de las comunicaciones por medio del canal de radio que conectaba a las delegaciones y móviles con el Comando Radioeléctrico. También surgieron dos posibles vías de conocimiento: los partes de novedades que las delegaciones entregaban entre las 7 y las 8 de la mañana a los jefes y que contenían los movimientos ocurridos en las últimas 24 horas; y las actas de aprehensión labradas respecto de cada operativo “con resultado positivo”.

Con tantas vías de comunicación y de intercambio de comunicación, consultó Dante Vega, ¿cómo puede ser que cuando la justicia hacía averiguaciones en aquellos años en virtud de los miles de habeas corpus presentados por familiares detenidos desaparecidos, siempre las respuestas hayan sido que no se tenía conocimiento, que no se habían enterado de nada... “No lo sé doctor” se escuchó como respuesta.

Los tres testigos adujeron que la demora de más de 5 horas de Ramos e Iturgay en la dependencia de Motorizada, entremezclada con la Seccional 25, podría deberse a colapso laboral incluso a esa hora de la madrugada de ese día que hicieron que Heinze fuera. Él, según dijo en su testimonio, cuando se presentó no vio movimiento alguno. Dejaron en claro que cuando ese Cuerpo de “acción rápida” detenía a alguien, si lo llevaba hacia su establecimiento era simplemente para labrar actuaciones que no incluían ni denuncias ni certificación formal de identificación: “nosotros lo que hacíamos era un acta de aprehensión, con inspección ocular y secuestro de vehículo, tras lo cual lo trasladábamos de inmediato a la Comisaría” correspondiente según el lugar del acto delictual, relató Porfidi. El mismo testigo respondió a Civit que no se interrogaba a los detenidos en la sede porque no había ni tiempo ni lugar para hacerlo. “En 5 horas”, repreguntó Dante Vega, “¿no alcanza el tiempo para interrogar?” Afirmativo.

Hay cinco horas, repasaron Vega y Burad, en las cuales algo debe haber pasado respecto al caso de Ramos e Iturgay para que el mismísimo jefe del D2 fuera a una dependencia a buscar a dos detenidos que en sus prontuarios -levantados y exhibidos en ese momento ante la sala - no tenían asentada ninguna militancia política. ¿Cómo se supo que eran activistas? ¿Cómo lo averiguaron en Motorizada y luego lo supo el D2? Esas preguntas llenas de espacios en blancos en las declaraciones de los agentes policiales de aquella época son las que encuentran respuestas en la hipótesis de la querella de que Morellato los retuvo en la sede del Cuerpo, los interrogó y hasta le pidió prestada una picana a la Policía Federal para continuar con la indagación. Esas acciones, no previstas por las autoridades de la Policía Provincial para una división como la Motorizada -dedicada a otra tarea y sin instrucción particular respecto de la “lucha antisubversiva”- le valieron a Morellato una sanción pedida por Sánchez Camargo.
  
Los testigos dijeron no tener conocimiento sobre qué sucedía en el D2 durante los años de la represión ilegal. “¿Usted dijo que no sabía nada del D2 ni de la orden de Santuccione de remitir allí a militantes detenidos?”, consultó la querella. “No, eso no estaba al alcance de mi jerarquía” respondió uno; “No tengo idea”, dijo otro. - “Pero ¿sabía que le decían ‘El Loco’ a Sánchez Camargo?”, insistió el Fiscal. -“Sí”. -“Eso, más la orden de enviar detenidos subversivos al D2 no le daba una idea de lo que allí se hacía?” Silencio.